La Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) llevó a cabo este martes una reunión ordinaria con el presidente Bernardo Arévalo y el resto del Órgano Colegiado. En esta sesión, la instancia de Consejeros Delegados presentó las prioridades identificadas tras casi un año de trabajo.
En esta reunión ordinaria del Órgano Colegiado se contó con la participación de la instancia de Consejeros Delegados de la CNC. Durante su intervención, las y los consejeros presentaron el informe de actividades relevantes de la instancia durante el primer año de labores.
La instancia compartió áreas fundamentales para continuar trabajando que han identificado a lo largo de más de 10 sesiones de diálogo y análisis. Estas prioridades identificadas buscan promover la cultura de integridad y transparencia en el ejecutivo.
También se destacó la importancia de seguir impulsando las Instancias de Asuntos de Probidad en todas las entidades públicas, estas son esenciales para llevar a cabo acciones concretas en la lucha contra la corrupción.
Julio Flores, director ejecutivo de la CNC, reiteró lo fundamental que ha sido el acompañamiento de los Consejeros Delegados en los últimos meses, pues sus aportes y perspectivas desde diferentes sectores de la ciudadanía han contribuido positivamente al desarrollo de diversas estrategias y proyectos implementados por la Comisión.
Al finalizar la sesión, Órgano Colegiado, directores de la Comisión y Consejeros Delegados coincidieron en que el apoyo estratégico del Gobierno es clave para implementar políticas de integridad. Los consejeros solicitaron continuar con este apoyo y reforzar la colaboración para promover políticas de transparencia y una cultura de integridad en Guatemala.
La instancia de Consejeros Delegados de la CNC está conformada por dos representantes del Sector Académico y Sociedad Civil; dos de Pueblos Indígenas y dos del Sector Empresarial, esto con el fin de contar con diferentes perspectivas de los diversos sectores de la ciudadanía. Los roles de los consejeros son ad honorem y tienen una duración de un año, con posibilidad de un año más de prórroga. Sus principales funciones consisten en ser una instancia de consulta y cooperación ciudadana en el trabajo de la Comisión.
